Durante la discusión, los congresistas hicieron mención a la importancia de preservar el vital recurso en medio de la crisis climática y el calentamiento global. También se cuestionó la entrega de derechos hídricos en forma gratuita y a perpetuidad, como así también la especulación de ésta.

En una próxima sesión ordinaria se retomará el debate del proyecto de reforma constitucional sobre el dominio y uso de las aguas, que cursa su primer trámite, esto luego que se cumpliera la hora del orden del día. Así las cosas, en una próxima jornada se someterá a votación la idea de legislar.

La propuesta que fue analizada en profundidad por con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, cuyo contenido:

• Consagra constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público.

• Entrega a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.

• Garantiza la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico; y

• Contempla el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Guido Girardi, Adriana Muñoz, José Miguel Insulza, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Carlos Montes, Juan Castro y Francisco Chahuán.

El senador Girardi hizo ver que muchas veces se confunden los conceptos de cambio climático con calentamiento global. “La temperatura va a subir en los próximos 20 años de dos a tres grados, lo que implica una situación catastrófica. Si hacemos todo lo que tenemos hacer la crisis hídrica tiene entre 50 a 100 años para reestablecerse. Hay que definir una institucionalidad que no existe en esta materia, pero antes hay que tener una política. Hasta el año 1980, los chilenos tenían derecho al agua, ahora queremos reestablecerlo como bien nacional de uso público”, explicó.

Haciendo historia respecto a la tramitación de esta propuesta, la senadora Muñoz argumentó que “en agosto del 2016 di cuenta a la Sala del primer informe de esta materia. Han pasado tres años desde aquello. Buscamos modificar el numeral 23 del artículo 19 de la Constitución, incorporamos una serie de incisos estableciendo que las aguas son bienes nacionales de uso público por lo que su dominio y uso son de todos los habitantes de la nación”. A su vez, mencionó que la idea es respaldar el texto en general para comenzar a redactar indicaciones.

El senador Insulza comentó que “este tema ha sido muy comentado. El régimen de agua chileno es una aberración, de hecho el tratamiento que tiene en la ley es vergonzoso porque no se atreve a decir que los particulares la tienen en sus manos. El derecho a aprovechamiento crea el derecho de propiedad. Esto no existe en ningún país del mundo. Acá se habla de la propiedad del dominio del agua con derechos consuntivos y no consuntivos. Hoy da lo mismo en qué se use el agua. Hoy este recurso es un bien de mercado”.

A su vez, el senador Navarro rememoró los primeros intentos por modificar el derecho de agua. “El que llegaba primero recibía el derecho de agua. Así se conformó un mercado de las aguas. El interés en el agua no es solo por el cambio climático o la escasez hídrica. Hay un ordenamiento de las sanitarias que administran las aguas. Hay una contradicción en la ley porque el agua es un bien nacional de uso público pero esto choca con la privatización de ésta. El gobierno tiene temor que el mercado del agua pueda afectar la economía”, mencionó.

El senador Pizarro mencionó la Comisión Especial de Recursos Hídricos, recordando cuál fue mandato inicial. “La pregunta es qué pasó con el proyecto de reforma al Código de Aguas y que permitiría elevar a rango constitucional el derecho al agua? Acá se busca regular la entrega de los derechos de agua cambiando las reglas del juego que son muy antiguas. Hoy el problema es que los derechos de agua son propiedad de quienes los tienen. Se quiere evitar la especulación porque antes salía gratis pero ahora hay más restricciones”, relató.

Luego el senador Montes hizo memoria de cómo se ha ido postergando el tema del agua. “Hay que mirar este proyecto y el diálogo político. El actual estatuto jurídico de las aguas está pensado con un criterio mercantil. La distribución del recurso prioriza el riego por sobre el consumo humano de las familias. La actual regulación entrega a título de gratuidad y a perpetuidad este recurso escaso. En la práctica, las aguas se transfieren a grupos que transan el recurso en el mercado y eso no necesariamente significa un retorno productivo. Este proyecto contempla reformas necesarias y útiles”, garantizó.

Reaccionando a las declaraciones de sus colegas, el senador Castro expresó que “el agua es un bien nacional de uso público pero el derecho a usarla lo tiene un agricultor, un APR y una sanitaria. Nunca he visto a un agricultor especulando. Acá hay derechos consultivos que tienen los agricultores que transforman el agua en alimentos. Los derechos no consultivos, hubo persona que inscribieron derechos de agua sin tener tierra, ellos sí especularon. Creo que la culpa la tiene la autoridad que es la DGA que debe registrar esos derechos. Se deben separar los derechos consultivos de los no consultivos”.

Finalmente, el senador Chahuán recordó que entre las mociones que fueron refundidas en este proyecto, una es de su autoría. “Queríamos elevar a rango constitucional el agua. También queríamos priorizar el agua pensando en su consumo humano, las obras de saneamiento y la economía. No queremos afectar los derechos adquiridos pensando en los derechos de agua constituidos. Debemos entender que los derechos hídricos deben estar unidos a la tierra pero debe haber una priorización de su consumo. Creo que estamos legislando en la dirección correcta considerando esta norma”, opinó.