Frente a la crisis de seguridad nacional que vivimos, la Contraloría le da la espalda a La Araucanía

1. La decisión del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, de declarar ilegal el Decreto Nº 249 del presidente de la República, Sebastián Piñera, que buscaba entregar facultades especiales a las Fuerzas Armadas para la colaboración a las autoridades civiles y las policías en el sur del país, nos parece equivocada y un precedente peligroso para nuestra salud democrática ante la escalada de violencia que vivimos en el sur de Chile.

2. La justificación del Decreto Nº249 es muy simple: la fuerte presencia de grupos paramilitares que circulan y actúan libremente por los caminos del sur de Chile, armados con fusiles de guerra, los cuales reiteradamente atacan directamente a personas inocentes y ejecutan acciones de sabotaje que buscan provocar el terror y la desestabilización del Estado.

El decreto del gobierno se hace cargo, además, de la evidente realidad de que actualmente las policías no tienen las capacidades para cumplir con su mandato de protección y resguardo de la integridad física de las personas que habitan en el sur, ni de sus propiedades, sus trabajos, sus emprendimientos, ni de las libertades que caracterizan a nuestra convivencia democrática.

Recordamos que grupos insurgentes como la CAM públicamente declaran la existencia de una guerra contra el Estado. Lo que está en juego es la seguridad nacional, no es delincuencia común.

3. Hoy un decreto similar (Nº265) aprobado por Contraloría permite el actuar de las Fuerzas Armadas en el norte del país, sin Estado de Excepción, para apoyo y colaboración con las policías en materias de transporte, tecnología, y logística en el combate de actividades de tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico y crimen organizado transnacional.

4. Como organización que reúne a los sectores productivos de la Región de La Araucanía nos preguntamos ¿cuál es la razón que justifica tamaña diferencia?, ¿Acaso no hay antecedentes suficientes para justificar la necesidad de reforzar el accionar de las policías en el sur del país ante la presencia de redes de crimen organizado, narcotráfico, robo de madera y terrorismo, por mencionar solo algunas de las actividades ilícitas que ocurren a diario?

5. Durante años hemos sido testigos de discusiones eternas en el Congreso y gobiernos que no han tenido ni la capacidad ni la voluntad política real para fortalecer el accionar de las policías y la inteligencia, con decisión y capacidad de fuerza para enfrentar a guerrillas que utilizan armamento de guerra.

¿Qué debemos seguir esperando?, ¿Qué sigan muriendo compatriotas inocentes?, ¿Qué sigan baleando a trabajadores?, ¿Qué sigan cortando caminos, ejerciendo su propia justicia, imponiendo el miedo y coartando las libertades que nos brinda la democracia?

6. La Contraloría debe evaluar los efectos de sus decisiones. A nuestro juicio se vulnera el artículo primero de la Constitución que señala que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y la familia. En este caso, al no existir alternativas que prontamente den protección a las personas, en la práctica, permite que estos graves hechos se sigan reiterando.

7. Por eso mismo, solicitamos al Poder Ejecutivo que impugne esta resolución equivocada de la Contraloría General de la República y prime, por sobre todo, la protección que necesitamos quienes vivimos presos de la violencia que ejercen organizaciones criminales como la CAM y sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT). También solicitamos a todos quienes aspiran a un cargo de representación popular en las elecciones de noviembre próximo que se pongan del lado de las víctimas y presenten propuestas concretas para superar esta grave crisis de seguridad nacional y democrática.

Multigremial de La Araucanía