Esta columna ha salido larga como noche de invierno, pero creo que su contenido es de acuciante interés para los estudiantes de Derecho que creen que el título profesional les solucionará la vida.

Aparentemente (y ya relativizaremos esto), hablar de Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico es hablar de cuestiones de futuro, pero para dar explicaciones razonables debo partir posicionándoles en nuestro momento actual.

Deben ustedes saber que en el presente hay una gran cantidad de abogados: ya somos 48.000 abogados en Chile y hay 32.000 estudiantes de Derecho caminando hacia su titulación. Y se titulan 4.000 abogados al año, cifra que va en sostenido aumento.

Un segundo aspecto que deben tener en mente es la comoditización de la profesión: antiguamente el conocimiento personal y la confianza en un abogado determinado eran factores  esenciales para contratarle, pero hoy en día hay tantos de ellos y son tan parecidos, que existe la percepción social de que da lo mismo contratar a uno que otro, pues no brindan servicios personalizados y tienen un muy bajo nivel de diferenciación.

Al parecer, y en términos generales, los servicios que puedes contratarle a un abogado también se lo puedes contratar a cualquier otro.

Y, ¿qué pasa cuando todos los abogados se parecen y tienes que tomar la decisión de contratar a uno de ellos?. Pues tomas la decisión racionalmente más eficiente: contratas al que te resulta más barato.

Por eso hay una lucha a muerte en los grandes estudios por posicionarse en los rankings, por acceder a membresías de clubes exclusivos, por pertenecer a asociaciones académicas y, en general, por aparecer en las fotografías rodeados de un conjunto de logotipos dorados de rankings super-cachilupis y con pose de prócer de la patria: toda esa parafernalia tiene por objeto tratar de diferenciarse de los demás, para que esa diferencia justifique el alto precio de sus servicios profesionales.

Si no logran diferenciarse u obtener un reconocimiento público especial, sencillamente caerán dentro de la competencia por la oferta del precio más bajo, cuestión incompatible con la forma de trabajar de los estudios de abogados tradicionales, que tienen costos fijos elevados que cubrir, por lo que en el fondo ser arrastrados a esa competencia significa su ruina.

Ello porque también han llegado nuevos competidores al mercado de servicios legales, el que está dejando de ser monopolio de los estudios de abogados, para dar paso tanto a las consultoras grandes como a las empresas tecnológicas, que han venido trabajando en un concepto llamado LegalTech (también denominado New Law, con sutiles diferencias de enfoque) que se basa en introducir herramientas tecnológicas a los servicios legales que simplifiquen o eliminan etapas y análisis que antes solo hacían los abogados.

¿Necesitas un contrato de sociedad?: introduce los datos básicos y el sistema informático te entregará uno. ¿Eres árbitro y quieres dictar el laudo que resuelve el conflicto?: la máquina hace un resumen de las alegaciones de las partes, resuelve, la firma por ti y notifica la sentencia a las partes.

Aunque en realidad LegalTech es bastante más que eso: de hecho, se centra en el cliente (lo perfila en todos sus detalles), hace un uso intensivo de las tecnologías de la información, promueve el trabajo flexible y emplea formas de cobro de honorarios diferentes a los usados tradicionalmente.

Eso me lleva a una tercera cuestión: estamos en un mercado poco profesionalizado, en que hay crecientes reclamos por la mala preparación de los abogados y por una prestación de servicios más deficiente aún.

El problema radica en que salimos al mundo con un título profesional y creíamos que eso era suficiente. Pero si miramos la misma sala en que prestamos juramento, hay otros 200 abogados con el mismo título que nosotros, y si miramos al país en su conjunto hay otros 48.000 en la misma situación.

En ese ambiente, ordinariamente no podremos sobrevivir, pues no tenemos herramientas para ello. A nosotros nunca nos enseñaron nociones de “orientación al cliente”, “inteligencia de negocio” ni, en general, nociones de gestión de oficinas de abogados.

De hecho, hasta nuestra formación tecnológica es deficiente: durante la carrera nos batimos con Word, Google, mensajes de WhatsApp, a veces PowerPoint y muy poco más.

Y esta realidad es absolutamente incompatible con un mercado de servicios legales que está cambiando en su estructura y al que se suman, cada vez más crecientemente, emprendimientos que utilizan tecnologías para atender clientes masivamente, a bajos costos, y que usan algunas de las herramientas que nos brinda la Inteligencia Artificial.

De hecho, ya han aparecido ingenieros especializados en información legal e incluso abogados con formación en programación computacional, lo que poco a poco ha ido consolidando el LegalTech: empresas que usan tecnologías de información para crear y ofrecer servicios jurídicos de costo asequible, masificando su alcance y automatizando sus procedimientos.

Este progresivo y sostenido cambio ha llevado a gente cruel y malvada, como son los ingenieros y otros especialistas, a calcular que en 20 años la profesión de abogado va a desaparecer, siendo reemplazados en forma importante por ingenieros legales: expertos en gestión de procesos y evaluación de riesgos.

El profesor Iván Mateo Borge, que ha escrito al respecto y cuyos lineamientos sigo en parte importante de esta columna, resalta que estamos en la Cuarta Revolución Industrial, que viene de la mano de la aplicación y uso de la inteligencia artificial y de la robótica en todas sus posibilidades, y ello también impacta en el ejercicio de las profesiones jurídicas.

De hecho se está empezando a hablar de la prestación de servicios de abogacía 4.0, que no solo suponen un ahorro de costos para el cliente (“somos caros, solo los que venden drogas marginan más que nosotros”, me decía un colega) sino que además permite trabajar 24 horas al día y siete días a la semana, con escasos errores y sin que factores externos incidan en el rendimiento. Por supuesto que a veces las máquinas se equivocan, pero al final del día se están equivocando bastante menos que nosotros.

En síntesis, vamos hacia allá. Los estudios jurídicos 4.0 todavía no existen, pero existirán.

¿Por qué vamos con retraso respecto del resto de las áreas de la prestación de servicios, cuando hasta los médicos tienen hospitales digitales?. Hay un estudio sobre el futuro del empleo, citado por el diario The Guardian el año 2017, que sostiene que el riesgo de reemplazo de los abogados es del 3,5%, el de los paralegales de un 94% (si conoce a algún Técnico Jurídico, motívelo a que estudie otra cosa) y de los jueces de un 40% (ya volveremos sobre ese último punto).

La pregunta es por qué para los abogados el riesgo es comparativamente tan bajo. El prof. Mateo cree que es porque los abogados tenemos cosas que los algoritmos todavía no están interesados en aprender, como es la generación de confianza en el cliente, la empatía con su problema, el buen trato, la sensibilidad e inteligencia emocional en procesos de negociación y mediación; también le ve poco futuro a que estemos interesados en que las máquinas valoren cuestiones de orden moral o conflictos con elementos multiculturales. Finalmente apuesta que es por la capacidad de los abogados de inventar soluciones razonables ante hechos ordinariamente imposibles de prever.

Pero la verdad es que la Inteligencia Artificial es una tecnología con capacidad de aprender y es cada día más eficiente a la hora de procesar cuestiones complejas como el lenguaje natural, el lenguaje simbólico, y las asociaciones de ideas.

Recuerden que hace años atrás, en 1996, IBM presentó a Deep Blue, una máquina que jugaba ajedrez, y la enfrentó con Garry Kaspárov, el Gran Maestro. Y Kaspárov triunfó en cuatro de las seis partidas.

Pero al año siguiente IBM presentó la versión mejorada, Deeper Blue, que analizaba 200 millones de movimientos por segundo, y Kaspárov fue derrotado.

Eso será en el ajedrez, me dirán ustedes, que al final del día son cálculos de posibilidades y generación de estrategias.

Sin embargo, en el año 2011 IBM fabricó la máquina Watson, un sistema informático de Inteligencia Artificial, y lo lanzó a jugar Jeopardy!, un juego televisivo que asocia conocimientos con ideas y que va evolucionando hasta desarrollar complejos juegos de palabras de los que se deben obtener deducciones, y Watson ganó con distancia a los campeones en las dos ocasiones que se midieron.

Tengan esto presente: la Inteligencia Artificial mejora mucho, y en muy poco tiempo.

Así, probablemente cuando las máquinas redacten contratos o sentencias complejas, cometerán errores, pero más temprano que tarde esos errores van a desaparecer.

Pero en concreto en el ámbito de los servicios legales ¿con qué herramientas nos encontramos hoy?

Les hablaré brevemente de ciertas herramientas que actualmente se encuentran en desarrollo, o cuya construcción ya ha concluido, y que usan técnicas de Inteligencia Artificial en el ámbito del Derecho, emulando el razonamiento legal, y me basaré para ello en ciertas distinciones y ejemplos que constan en el libro “Inteligencia Artificial. Tecnología. Derecho.”, publicado por Tirant lo Blanch.

Destacaré primero que existen sistemas predictivos de resoluciones judiciales, y podemos citar como ejemplo los trabajos de la Universitat Rovira i Virgili, que en colaboración con otras desarrolló un algoritmo que puede predecir, con un 83% de aciertos, como va a fallar la Corte Suprema de Estados Unidos ante determinados casos y, con un 79% de aciertos, cómo lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

También se han creado herramientas de cumplimiento de normas. Por ejemplo, Margin Matrix, que se mueve en el ámbito de las regulaciones financieras de Estados Unidos, busca los cambios de requisitos legales y, en base a ello, prepara contratos adaptados al nuevo marco normativo.

Existen asimismo instrumentos de investigación basados en Inteligencia Artificial, como es ROSS Intelligence, que hace búsquedas de legislación y jurisprudencia a gran velocidad y encuentra los temas que son aplicables, por ejemplo, a la redacción de contratos.

Por supuesto también se han desarrollado instrumentos de redacción de documentos legales como Rocket Lawyer o Contract Mill los cuales, cuando se logre unirlos a sistemas de reconocimiento de lenguaje natural, probablemente darán lugar a sistemas a los cuales podrás contarle cuál es el problema a resolver y ellos mismos elaborarán los documentos correspondientes.

Desde luego, también se está investigando la automatización de procesos repetitivos. Me explico: como ustedes saben, existen ciertos procedimientos judiciales y arbitrales (como los de nombres de dominio) que siempre tienen las mismas etapas, se comportan de la misma forma y, además, los argumentos que se discuten suelen ser los mismos, siendo susceptibles de ser automatizados de tal forma que una Inteligencia Artificial podría litigar, con bastante acierto, en forma autónoma.

Finalmente, se han desarrollado instrumentos de resolución de conflictos que hoy en día se suelen usar en todo el mundo, sin que seamos realmente conscientes de ello. Los sistemas de resolución de conflictos de Uber y de Airbnb son Inteligencias Artificiales que zanjan las controversias que se presentan en el uso de tales plataformas, sin costos adicionales para los litigantes, en forma rápida y brindando soluciones efectivas.

Dada las crisis que se presenta ante la evidente corrupción de los jueces, el alto costo de los servicios legales y la insufrible demora en el juzgamiento de los casos, el uso de estos instrumentos de resolución de conflictos tienen cada vez más aceptación, y es por eso que los jueces tienen una riesgo de reemplazo de un 40%, según difundía The Guardian.

Además, quienes programan estos instrumentos de decisión suelen tener una lógica binaria: las cosas son buenas o son malas, por lo que la idea de las “escalas de grises” a que nos tienen acostumbrados los tribunales de los tiempos de la Tercera Revolución Industrial, carecen de significación para ellos. Entonces, tienen parámetros más simples: los hechos se apegan a las normas, o no. Y esa misma lógica está detrás del desarrollo de los muy de moda Smart Contracts, basados en tecnología blockchain (ehm… tema para otra columna).

En síntesis, el futuro próximo (más bien el hoy) conllevará una simplificación del trabajo jurídico, pues las cuestiones más usuales estarán automatizadas.

De hecho, probablemente esas áreas serán las más rentables, en la medida que puedas procesar masivamente los requerimientos de los clientes.

Y también cambiará la estructura de los honorarios, en que se abandonará la lógica de cobrar por horas trabajadas, sino que considerará costos fijos y variables e, incluso, desarrollará economías de la colaboración, en que se usarán múltiples abogados especializados que cobrarán por el tramo en que intervienen.

Sin embargo, el problema real y crítico aún no tiene solución: las Universidades del país no están preparando a sus egresados para el escenario laboral actual, y menos todavía para el del futuro próximo, y perfectamente podríamos estar ante el triste asunto de formar académicamente a las personas para que se ganen la vida en un mercado laboral que ya no existe.