Nos solicitan publicar una interesante columna de opinión respecto de uno de los sectores más importante de la provincia de Arauco, el Forestal. Escribe René Muñoz Klock, Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG, ACOFORAG.

El Consejo de Política Forestal se crea en la lógica de que un ciclo en la evolución del sector forestal estaba finalizando y que se requería construir las bases para uno nuevo, con el objetivo de alcanzar todas las potencialidades de nuestros bosques nativos y artificiales para que sean un aporte para el país. Esta instancia reunió a consejeros representantes del sector público -como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), de CONAF, INFOR y CORFO- y del privado, como universidades, representantes del área industrial, de la pequeña y mediana empresa, ONGs, dirigentes gremiales, de sociedades ecológicas, pequeños propietarios de bosque, trabajadores, campesinos y pueblos indígenas. De esta forma, el 11 de marzo de 2015, comienzan a trabajar como un organismo consultivo y asesor de carácter permanente.

Se fijaron metas interesantes para el período 2015-2035, entre las cuales destacan:

1.- La creación del Servicio Nacional Forestal

2.- La forestación de 500.000 hectáreas de terrenos de aptitud forestal, sin sustitución de bosque nativo, pertenecientes a pequeños y medianos propietarios o de propiedad del Estado.

3.- El potenciar la función productiva del bosque nativo, incorporando 1.000.000 de hectáreas a manejo forestal, para la generación de productos de alto valor.

4.- El sector forestal es reconocido como proveedor de trabajo decente donde las personas laboran en condiciones dignas.

Transcurridos casi cinco años desde que se estableció esta importante hoja de ruta para nuestro sector, la creación del Servicio Nacional Forestal duerme el sueño de los justos en el Senado, aprobado en segundo trámite legislativo. Esta nueva institución es fundamental para que finalmente una entidad pública, y no la Conaf, que es una institución de derecho privado, sea la que defina, establezca, priorice, controle y supervise el quehacer forestal del país.

Sobre el segundo punto, la tasa de forestación ha sufrido una importante caída. Antes de 2012, las tasas de forestación eran en promedio de 45.000 a 70.000 hectáreas/año, fecha en que terminó de aplicarse el DL 701. A partir de 2013, la forestación promedio es de 3.300 ha/año, según datos de Conaf. Si no se cambia la estrategia, nos tardaremos 152 años en alcanzar la meta de forestación propuesta por la Política Forestal de 500.000 hectáreas forestadas, actividad vital para repoblar las 2.500.000 ha de terrenos erosionados y en vías de serlo, que tenemos hoy en el país.

En relación al manejo en régimen de 1.000.000 de hectáreas de bosque nativo, la realidad nos dice que la cifra actual de manejo promedio es de 4.780 hectáreas bonificadas por año de bosque nativo (Conaf, 2020). A ese ritmo se va a necesitar de 209 años para lograr la meta planteada. Si a esto se agrega el bajo valor del subsidio por hectárea otorgado en la ley 20.283 de recuperación y fomento del bosque nativo, que hace inviable su manejo. La lentitud de los cambios legales necesarios para mejorarlo, las campañas ambientalistas y los iluminados que plantean preservar el bosque nativo y evitar su manejo, hacen que el camino hacia la conservación y utilización sustentable que incorpore la mirada social, ambiental y económica se vea cada día más cuesta arriba.

Donde hemos avanzado en forma sólida y sustantiva, es en que hoy el trabajo en el bosque es un trabajo decente que cumple con todas las exigencias que nuestra legislación establece. Todo este mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros trabajadores ha sido liderado por las grandes empresas forestales, que bajo el paraguas de un sello certificador, han sido conducidos a estándares mundiales en temas de seguridad, capacitación, alimentación, hotelería, movilización y sueldos de las personas que trabajan en el sector.

Ante este escenario poco alentador debemos solicitar a nuestras autoridades que pisen el acelerador, ya que el país y sus bosques requieren de manera urgente de LEYES, NORMAS y REGLAMENTOS CLAROS que conduzcan a un compromiso de todos con el manejo sustentable de los bosques, ya que ésta es la única manera que el recurso forestal del país sea un aporte para el desarrollo de las regiones forestales, de los pequeños y medianos propietarios, genere empleos de calidad, servicios ambientales y, finalmente, se constituya en la fuente de ingresos y crecimiento para las nuevas generaciones.

A cinco años de la definición de una Política Forestal para el país, EL SECTOR FORESTAL SIGUE ESPERANDO.