La propuesta pretende ir en favor de las pymes que en la actualidad manifiestan problemas de liquidez debido a que sus clientes cancelan sus servicios en 50 días en promedio.

Listo para ser visto por la Sala, quedó el proyecto que establece pago a treinta días. Esto luego que los integrantes de la Comisión Mixta que buscan zanjar las discrepancias surgidas entre el Senado y la Cámara Baja, acercaran posiciones.

En la última jornada, se revisó el caso del Estado como deudor, particularmente los municipios y el Ministerio de Salud, quienes tienen moras que escapan al retraso habitual de los clientes de las pymes. En concreto, se acordó que estas reparticiones públicas tengan como plazo de pago máximo de 60 días en el caso de las compras a pymes.

Cabe señalar que todas las empresas e instituciones del Estado -salvo las mencionadas anteriormente-, su fecha de pago no deberá superar los 30 días. Esto busca que las pymes puedan mejorar su liquidez, la que se ve mermada por el retraso en la cancelación de la prestación de servicios o venta de bienes.

Asimismo, se decidió que el pago a 30 días operará desde la promulgación de la ley. En el caso de las municipalidades y el Minsal, deberán cumplir con la norma 28 meses (poco más de dos años) tras la entrada en vigencia. La razón está en que estas entidades deben ajustar sus procesos a esta nueva exigencia.

PREVIAMENTE

En la penúltima la sesión, los integrantes de la Comisión de Economía, Rodrigo Galilea y Álvaro Elizalde se refirieron a los avances alcanzados.

El primero explicó que “quedó prácticamente despachado este proyecto. Se tomó el acuerdo que el pago de una factura se debe concretar efectivamente a 30 días y si ese plazo es superior, debe haber un contrato, éste no debe contar con cláusulas abusivas y debe estar inscrito en el Ministerio de Economía".

Asimismo, el senador Elizalde manifestó que “se ha aprobado gran parte del proyecto. Queda por resolver algunas normas de carácter transitorio. Es necesario que se despache esta iniciativa porque se trata de una propuesta pro emprendimiento que irá en favor de las pequeñas y medianas (pyme) empresas para que no sigan siendo objeto de abuso”.

Consultado por las principales diferencias de criterios que habrían habido entre ambas cámaras, el congresista planteó que “los diputados hicieron algunos cambios que estamos evaluando, pero se trata más bien de consideraciones de forma”.