El conflicto en La Araucanía es un tema que sin duda merece la atención a nivel país. Muchas personas piensan que la herencia del conflicto mapuche data del año 1550, como relata Alonso de Ercilla en su aclamado poema La Araucana, o a partir de la Independencia de Chile que trajo consigo el inicio de la llamada Pacificación de La Araucanía, proceso en el cual se define la propiedad indígena y fiscal.

De acuerdo con un estudio realizado por la Cepal, entre 1883 y 1929 la población mapuche fue reubicada en un terreno aproximado de 500.000 hectáreas de un total de 10.000.000 a través de las denominadas reducciones indígenas, donde gran parte de los otros dominios fueron ocupados por militares, ciudades, entrega de títulos de merced o venta de tierras a colonos extranjeros y nacionales.

Posteriormente, entre la década de los 30 y a finales de los 60 del pasado siglo, el territorio de las reducciones mapuches alcanzó unas 100 mil hectáreas producto de la continua parcelación avalada por el Estado y por abusos de colonos chilenos y extranjeros a un pueblo mapuche que se sumía en la pobreza y el analfabetismo. Algunas de estas fueron materializadas través del Estado, mientras otras fueron al más puro estilo de los señores de la Querencia avalados en la legalidad de inscribir una propiedad a su nombre de tierras que no les pertenecían, con abusos, maltratos y denigración de una cultura que había perdido su identidad. Cuando era niño, algunas personas mayores de mi pueblo (Cañete) que habían vivido esos periodos contaban a modo de burla: “Muchos terratenientes llevaban al notario conservador y unas chuicas de vino a tierras mapuches, les hacían firmar la entrega de los vinos, y días después los echaban a balazos de sus tierras”. Hoy en día esto se llama corrupción y abuso. Muchas personas que fueron despojadas “legalmente” de sus tierras se quedaron para servir a estos señores de la Querencia y satisfacer sus caprichos, soportando la denigración, maltrato y racismo que en aquel entonces era avalado por la sociedad.

Una manera de ejemplificar de que estos abusos no se reducen solamente a la expropiación de tierras, recae en el hecho de que era común la existencia de los denominados «hijos bastardos», quienes eran mestizos fruto de violaciones de las esposas de los mapuches, e incluso de las mismas hijas que estos tenían con dichas mujeres. Esto era algo que muchas veces se callaba y aceptaba por parte de las comunidades mapuche. Algunas personas de la época contaban que, cuando una mujer mapuche sometida tenía un hijo y este salía con rasgos raciales de estos señores de la Querencia, los mapuches decían: “Nació lindo mi hijo, tiene los ojos azules igual que el patrón”, esto ante la impotencia de entender que el sistema social y político no los protegía de dichos abusos y denigración.

Si bien con el Gobierno de Salvador Allende hubo un proceso de reivindicación de la cultura mapuche (fruto de la reforma agraria), en el intento de reducir la pobreza que acongojaba a este pueblo, con la dictadura militar y el auge de la industria forestal, se terminó por marginar al pueblo mapuche. La Conaf vendió gran parte del patrimonio forestal a las hoy grandes empresas forestales, las que terminaron por marginar a las comunidades mapuches, provocando un deterioro irrecuperable del ecosistema.

Con el decreto de Ley 701, el cual constituía un incentivo al desarrollo forestal en Chile, era común ver cómo muchos señores de la Querencia quemaron gran parte del patrimonio forestal nativo en las regiones del Biobío y de La Araucanía con la finalidad de obtener subsidios, para así dedicarse al negocio forestal de una industria que estaba en pleno crecimiento y que se centraba principalmente a la plantación de pino y eucaliptus. Claramente, la pérdida de los recursos hídricos, la flora y la fauna de estas decisiones son un daño irreparable a la riqueza de recursos de los cuales disponían las comunidades de la zona.

Años después, con la democracia, vino el intento del Gobierno de reivindicar la cultura mapuche. Se decreto la Ley Indígena y nació la Corporación Nacional Indígena. A mi entender, las medidas adoptadas por los gobiernos en democracia se basaron principalmente en intentar reparar los problemas de asignación territorial y regular los derechos de propiedad del pueblo mapuche, dejando de lado la reparación de una cultura que sufrió de menoscabo y abuso, perdiendo su identidad como pueblo originario. Esto, sumado a que tampoco se enfrentó de manera efectiva la degradación medioambiental y deterioro económico de dichas comunidades.

La campaña principal era la asignación de tierras a los pueblos originarios y dichas tierras eran transferibles solo a personas mapuches. Desde el año 2010 en adelante, existía la percepción generalizada de que la Conadi limitaría la compra de tierras. En conversaciones con personas de comunidades mapuches, el consejo más práctico a quienes exigían reivindicación de tierras, por parte de la Conadi, era que se tomarán las tierras y que el Estado negociaría un precio con los dueños de las tierras, con la finalidad de hacer más expedita la transferencia y la asignación de propiedad. No obstante, la reivindicación de una cultura nunca llegó más allá de acciones bien especificas, bien laureadas por el marketing.

Es importante mencionar que uno de los grandes dolores de los cuales sufre La Araucanía son las condiciones de precariedad en la fuerza laboral. Las provincias que concentran las mayores comunidades mapuches de la zona se caracterizan por tener un patrimonio forestal importante, pero al mismo tiempo tienen la mayor desigualdad y rezago productivo.

Esta falta de desarrollo vino de la mano con los incentivos de aquellas personas que buscan riqueza fuera de la ley. A estas personas les conviene la existencia de un conflicto cada día más radicalizado, pues con este conflicto pueden establecer actividades económicas paralelas no amparadas por el marco legal. Al menos dos actividades han servido en estos últimos años para la intensificación de un conflicto cuya solución es cada día más compleja. La primera de ellas es el surgimiento de cárteles de robo de madera. Hoy en día son varios los cárteles de robo de madera que muchos conocen quienes participan en ellos, pero nadie se atreve a denunciarlos por miedo a represalias. Estos cárteles son una de las fuentes de financiamiento de un conflicto que cada día es más complejo. La segunda es el narcotráfico, que se ha asentado en lo más profundo del territorio radicalizado y que también se nutre de este conflicto.

El desafío que tienen las nuevas generaciones de poder reparar el daño y reivindicar una cultura parece cada vez más lejana, puesto que los incentivos que hoy en día tienen los grupos más radicalizados son distintos a una reivindicación cultural. La política pública debe ir orientada a la mayoría de las comunidades mapuches que tienen una naturaleza pacífica y necesitan una reivindicación adecuada en términos de cultura, formación y competencias para poder emprender negocios que generen un buen desarrollo local, como también de las comunidades no mapuches que pertenecen a esas zonas, de manera de reducir el rezago productivo existente.

Artículo también publicado en El Mostrador