Cuando nos llega el recién nombramiento del Seremi de BBNN Biobío, el yumbelino Cristian Cerro, ex candidato a Alcalde y ex administrador de Yumbel (en foto), también nos llega la denuncia de la suspensión del 61% de funcionarios de es repartición,  tras no renovarse programa del Gobierno Regional.

A dos días del término de mes, 48 funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío, de un total 75 funcionarios, fueron notificados que no continuarán con sus funciones en abril, y hasta nuevo aviso. Esto, ya que, por orden del Gobierno Regional, deberÍan ser suspendidas las actividades y gastos del programa “Saneamiento de TÍtulos de Dominio para Beneficiarios Vulnerable Etapa II”, programa en ejecución por parte de dicho ministerio con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y bajo el cual estarían contratados el 61% de los trabajadores de la secretaría.

El conflicto salió a la luz cuando el 64% de los funcionarios fueron informados por sus respectivas jefaturas, que debían hacer cese de sus labores. La razón que afectó a la mayoría es un oficio ordinario proveniente del Gobierno Regional del Biobío recibido el 28 de marzo, y mediante el cual dan orden de suspensión del programa en cuestión, al encontrarse en revisión de su situación técnica y presupuestaria, con el fin de evaluar su continuidad.

El programa “Saneamiento de Títulos de Dominio para Beneficiarios Vulnerables Etapa II” cuya resolución administrativa data del 24 de septiembre de 2020, está dirigido a vecinos de la región, principalmente habitantes de zonas rurales, y que, producto de su situación socioeconómica, éste sería la única forma en que ellos pueden realizar dichos trámites de forma gratuita para regularizar sus propiedades y obtener sus Títulos de Dominio.

Desde un punto de vista técnico, el programa permite financiar 1400 casos gratuitos en la región, cuya meta debería cumplirse al término de dicho programa, es decir en octubre de 2022. Respecto al cumplimiento de dicha meta, a la fecha existen 1600 casos en tramitación, 530 ingresados al Conservador de Bienes Raíces (CBR), y 610 por ingresar al CBR. De los 1400 casos, 1140 implican el cumplimiento del 80% de la meta establecida y por cumplir a octubre del presente año.

El funcionamiento de la Secretaría Regional Ministerial con un 39% de la dotación, implicaría un inminente detenimiento de los 610 casos de familias por ingresar al Conservador, afectando un universo total de 2500 personas que comprenden dichas familias. A su vez, las gestiones pendientes en el Ministerio, que se verían entorpecidas y ralentizadas, podrían perjudicar directamente a los usuarios, en el cumplimiento de los plazos para las tramitación de otras gestiones en otros servicios, como la postulación a subsidios, lo que a largo plazo se materializa en que dichas familias no puedan obtener un título de dominio.

En cuanto a la revisión de la parte presupuestaria cabe señalar que, el programa es financiado con 1280 millones de pesos ya aprobados por el GORE, de los cuales 1068 ya han sido transferidos al Ministerio para su ejecución desde septiembre de 2020 a la fecha, dejando así un saldo de 212 millones de pesos, suma suficiente para la continuidad del programa y para realizar los pagos de los sueldos de los funcionarios desde abril a octubre del 2022.

Teniendo en consideración que se estarían respetando y dando cumplimiento a las metas estipuladas por el programa, que éste estaría aún vigente hasta octubre del presente año y que estarían los dineros para los sueldos de los funcionarios requeridos hasta el término del convenio, se cuestiona su suspensión en este momento.

Cabe destacar que dicho oficio informativo había sido emitido el 24 de marzo, y firmado por Rodrigo Martínez Fernández, Gobernador Regional Subrogante Del Biobío, mientras Rodrigo Díaz, actual Gobernador Regional del Biobío se encontraba de gira por España.

Ausencia de autoridad

De los 48 funcionarios notificados -64% del total de empleados de la Seremi-, 43 personas (61%) pertenecen al programa “Saneamiento de Título de Dominio para Beneficiarios Vulnerable Etapa II”, y los cinco restantes (3%) son parte de otros convenios. La situación de estos casos específicos deja a entrever otro problema que afecta a los servicios públicos estos días, la tardanza en la designación de autoridades en las carteras regionales, quienes fueron nombrados hoy 31 de marzo y quienes deberán, entre otras funciones, evaluar y autorizar la continuidad de algunos programas. En esta ocasión, Cristian Cerro, de Acción Humanista, es quien asumirá como Seremi de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Biobío.

Inoperancia del Servicio

En virtud de las instrucciones impartidas por Contraloría (NºE173171/2022 de 10 de enero), incluso reactivándose este convenio, la autoridad entrante sólo podrá contratar el 2023 (y en lo sucesivo) en modalidad “contrato a honorarios” a aquellos funcionarios que tenían la condición de honorarios al 31 de diciembre de 2021, pues de lo contrario, la limitación y prohibición de nuevas contrataciones contenida en dichas instrucciones, será plenamente vigente. En otras palabras, de mantenerse el convenio en suspensión, el servicio quedará operando con el 39% de su dotación profesional, ya que no se podrán contratar nuevos funcionarios hasta finales de 2022.

Los funcionarios afectados realizan labores técnicas y específicas de fundamental relevancia en la tramitación de los casos gratuitos, y si bien, pertenecen a todas las unidades del servicio, principalmente trabajan en las unidades de regularización, Bienes Nacionales y Catastro. Para ejemplificar, en Catastro 13 de 18 funcionarios son honorarios, los cuales cumplen labores de medición de terrenos, geomensura, elaboración de planos, y áreas técnicas necesarias en para todos los trámites que realiza el ministerio. De la misma manera, en Regularización 9 de 13 funcionarios son honorarios, y en Unidad de Bienes, 6 de un total de 11.

Estas oficinas se verán severamente perjudicadas y paralizadas, al no poder continuar con sus labores y cumplimiento de metas, traducidos en usuarios disconformes con la inoperancia del servicio y a la espera de sus trámites.

Inestabilidad laboral en funcionarios honorarios

El aviso de cese de labores a dos días del fin de mes no es la primera situación de incertidumbre laboral a la cual se enfrentan los funcionarios. Es un escenario frecuente y una conducta irregular que se ha normalizado. Si bien, el Gobierno Regional desde septiembre de 2020 cuenta con los fondos para la ejecución del programa, los funcionarios contratados por dicho convenio han estado sometidos desde el 2021 a baja de sueldos, en febrero y diciembre. Sumado a eso, si bien los contratos fueron en un comienzo por plazos de 6 meses, éstos fueron reducidos a 3 meses durante el desarrollo del año pasado, siendo durante los últimos meses - fines de 2021 y comienzo de 2022- de una duración de 1 mes, creando un escenario de absoluta inestabilidad económica e incertidumbre para los funcionarios de dicho programa.

A su vez, puesto que la Asociación de Funcionarios, encabezada por Claudio Gonzalez en la Región del Biobío, representa a los trabajadores bajo contrato en Bienes Nacionales, los funcionarios a honorarios sin representación y sin ayuda frente a estas situaciones irregulares.

Validez del oficio ordinario

CORES y desconocimiento

Si bien, por certificado Nro. 6140o2 de fecha 23 de enero de 2020, el Consejo Regional de la Región del Biobío, en Sesión Ordinaria Nro. 02 del 22 de enero de 2020, acordó la aprobación de recursos (m$1.280.800.) para el programa de Saneamiento II, los Cores no habrían estado enterados de la elaboración de este oficio que suspende dicho programa. El Core James Argo, tras ser informado por funcionarios de BB.NN, habría traspasado la información a sus pares en la Comisión de “Planificación, Desarrollo Territorial y Transporte” y en la comisión de “Presupuestos y Proyectos de Inversión” del 30 de marzo de 2022, para luego solicitar información respecto de la decisión acatada en el oficio enviado a los funcionarios al Gobernador Regional Rodrigo Díaz Worner.

Actos administrativos y conducto regular

El programa de Saneamiento II, al haber sido aprobado mediante un acto administrativo, no puede dejarse sin efecto o suspenderse repentinamente mediante el envío de un oficio ordinario, puesto que este no constituye un acto administrativo.

La eventual eliminación del programa sólo podría efectuarse mediante el incumpliento de causales estipuladas en el convenio, la que implicaría la generación de un nuevo acto administrativo, con acuerdo de todas las partes que intervinieron en el convenio anterior, y con toma de razón de la Contraloría General de la República, procedimiento que pudiese tardar meses en desarrollar y aprobarse, implicando la detención o incluso el término por todo ese tiempo de los casos pendientes, que requieren fondos para poder ser finalizados.

Opiniones de autoridades

"Han tomado contacto conmigo algunos trabajadores, que les han notificado que producto de la no entrega de los recursos desde el Gobierno Regional a través de un convenio que existía, se les pone término a sus labores a contar del mes de abril en adelante. Debe y tiene que corregir esta situación, porque son personas que vienen desde hace muchos años. Aquí no sólo hay personas que ingresaron en Piñera dos, sino que vienen desde antes y les están poniendo término a sus contratos. Creemos que es resorte del Gobernador Regional, de entregar los recursos necesarios para que no se produzcan estos despidos. Que estas personas que han hecho un excelente trabajo al servicio de la región permanezcan en sus puestos. No contribuyan a incrementar las grandes cifras de cesantías que tenemos en la zona", - diputado Sergio Bobadilla.