A nombre de la Coordinación Provincial de Usuarios y Usuarias Prais Arauco, hoy nos acompañan en nuestra memoria nuestros compañeros caídos: María Edith Vásquez Fredes, Elías Jana Santibáñez, Nelson Araneda Loaiza, Roberto Valdebenito Vira, Jaime Cuevas Cuevas, Serafin Orellana Rojas, Mario Alberto Pilgrin Roa, Humberto Villagra Cruces, Luis Pincheira Díaz, Neftali Figueroa Carrasco, Antonio Aguirre Vásquez, caídos en la lucha contra la dictadura cívico militar.

Junto a las víctimas asesinadas por agentes del estado en democracia en la provincia: Rodrigo Cisterna Fernández, trabajador forestal y el joven mapuche Jordan Llempi Machacan, asesinado recientemente por infantes de marina en un presunto enfrentamiento que la justicia investiga en la localidad de Huentelolen, comuna de Cañete.

Con su compañía en nuestro corazón y en nuestra memoria agradecida hacemos nuestra presentación ante la Comisión de Justicia de la Convención Constitucional.

La provincia de Arauco, a través de su historia lleva marcada la impronta del conflicto con el Pueblo Mapuche. Primero con el Imperio Colonial Español, luego con la República. En nombre del progreso, la civilización, el cristianismo y el desarrollo se han cometido aberrantes violaciones a los Derechos Humanos en este territorio. Tenemos una deuda histórica con el Pueblo Mapuche. Esta también abarca el ámbito de la justicia, se hace necesario recoger como fuente del Derecho Consuetudinario, la costumbre de los pueblos originarios, como un importante aspecto a considerar en las normas que rijan la aplicación de justicia en la propuesta de Nueva Constitución.

Durante el siglo xx en la provincia, producto de la explotación industrial de carbón, surgió un potente movimiento sindical minero, donde tuvo una fuerte influencia política los partidos de izquierda. Este movimiento fue duramente reprimido en los años 20, cuando emergió exigiendo mejores condiciones laborales. En 1947 producto de la ley de defensa permanente de la democracia, más conocida como ley maldita y después del sangriento golpe de estado de 1973. Estos hechos produjeron graves violaciones a los Derechos Humanos de este sector social, afectando a miles de sus integrantes.

La provincia, en su historia de resistencia y lucha ha sido afectada por graves violaciones a los Derechos Humanos. Bajo la dictadura, se golpeó duramente al movimiento sindical minero y al movimiento de resistencia mapuche. Sé impuso por la fuerza en los marco del sistema neoliberal, un modelo de desarrollo económico basado en el monocultivo de pinos y eucaliptos, despojando las tierras a las comunidades mapuches y a los campesinos beneficiados por la reforma agraria.

Este el contexto surgen las propuestas de las organizaciones de DDHH, agrupadas en la Coordinación Provincial Prais.

Entregamos nuestro respaldo a la propuesta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, especialmente a que los Derechos Humanos, expresados en la Declaración Universal de DDHH, Tratados Internacionales, Convenciones, Protocolos firmados y ratificados por el Estado de Chile, en los ámbitos de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales, de no discriminación en contra de la mujer, de los pueblos originarios y de los Derechos del Niño y la Niña. Sean la base de los principios de la Nueva Constitución y estén incorporados de forma trasversal en la redacción de todos los capítulos de la propuesta de la nueva ley fundamental

Los Derechos Humano, deben ser el límite al poder político en la nueva carta fundamental. Debe quedar definido expresamente en esta: El repudio de la sociedad chilena a los crímenes de lesa humanidad, al terrorismo de estado y al negacionismo. La soberanía nacional debe estar basada en el profundo respeto a los Derechos Humanos.

Los jueces y juezas de la república, deben ser formados en la legislación nacional e internacional atingente al ámbito de los Derechos Humanos. Este perfeccionamiento debe ser continuo, en todos los eslabones del Poder Judicial. Incorporando a esta formación permanente al personal administrativo.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, se debe fortalecerse con mayor cantidad de personal capacitado que abarque todas las regiones del país, con observadores/as permanente en la provincia de Arauco, entre otras y una Institucionalidad directiva que supere el binominalismo. Su legitimidad debe basarse en la incorporación de destacados/as profesionales, personalidades y dirigentes del ámbito de las organizaciones de Derechos Humanos. Se debe asegurar su total autonomía y financiamiento de los gobiernos de turno.

La experiencia traumática de las víctimas del terrorismo de estados, que junto a sus grupos familiares suman más de 800.000 personas en nuestro país. Las nuevas víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas bajo el estallido social, el recientemente asesinato del joven mapuche Jordan Llempi Machacan, muestran que las garantías de no repetición en nuestro país no se encuentran garantizadas efectivamente.

Nuestro país requiere urgente una nueva policía con una nueva doctrina basada en el respeto pleno de los DDHH y sus integrantes con una robusta formación en estos derechos. Esta policía debe dejar de ser militar, basándose en un modelo mando civil orientado entregar protección a las ciudadanas y ciudadano con una fuerte vinculación comunitaria. Con medidas efectiva de control democrático externo de su funcionamiento. Tolerancia cero con la corrupción en sus filas y con fuertes sanciones de cárcel a eventuales involucrados en este tipo hechos. Una policía con altos estándares ético .morales, esto es garantía real de su plena legitimidad, confianza y respeto de parte de la ciudadanía.

Las víctimas de violaciones masivas a los Derechos Humanos, requieren medidas oportunas y eficaces de reparación al daño ocasionado por el actuar excesivo de parte de agentes del estado. En el ámbito de la salud, se debe ampliar el acceso al Programa Prais de las víctimas de estas violaciones de ayer, el presente y las eventuales en el futuro. Este requiere un fuerte aumento de su planta de profesionales, un programa de capacitación y especialización permanente de éstos en Chile y el extranjero. Un aumento significativo de su financiamiento para aumentar la calidad y oportunidad de sus prestaciones.

Esto debe ir de la mano con la incorporación del Derecho a la Salud, a rango constitucional. Es urgente fortalecer y dignificar el sistema público de salud. Creando un sistema nacional único, aumentando significativamente su presupuesto para entregar prestaciones pertinentes, de calidad y en tiempos acotados. Nuestro profundo reconocimiento a las y los trabajadores de salud pública por su sacrificada labor durante la pandemia que nos afecta.

Una mención especial en la Nueva Constitución, requieren las Fuerzas Armadas y de Orden. Estas instituciones deben estar al servicio del país de sus ciudadanas y ciudadanos. Estas deben tener en el centro de sus políticas de defensa y seguridad la protección de los Pueblos de Chile. Nunca más deben estar supeditadas a potencias extranjeras y a doctrinas que atenten contra los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario Internacional.

En sus centros de formación de oficiales, sub oficiales y clases. Desde el ingreso a las escuelas matrices, a las academias de guerra y de alto mando, deben contener sus mallas curriculares un alto componente de contenidos de Derechos Humanos, impartidos por reconocidas instituciones y profesionales en este ámbito a nivel nacional.

La justicia militar debe ser eliminada como órgano ejecutivo de aplicación de justicia. Los ciudadanos y las ciudadanas militares, policiales y de órganos de seguridad deben ser juzgados de ser acusados de cometer presuntos delitos por los tribunales ordinarios de justicia, sin ningún tipo de fuero o privilegio. En caso de ser condenados, deben ser degradados y perder cualquier beneficio previsional asignado por el estado.

Los delitos estrictamente de carácter militar, debe quedar acotados entre otros a espionaje en tiempos de paz y con diferente tratamiento en caso de guerra externa. Junto al de alta traición a la patria en caso de guerra exterior por servir o pasarse a una potencia extranjera agresora de nuestra país.

La administración de justicia en nuestro país, se debe priorizar el principio de inocencia e igualdad ante la ley. No pueden existir ciudadanos/as de primera y otros de segunda categoría. No es sostenible en un estado democrático, una justicia para ricos y otra para pobres. Debemos asegurar en la Nueva Constitución mecanismos reales, efectivos y eficaces que la administración de justicia, es igual para todos y todas sin privilegios o discriminación de ninguna especie sea de clase, origen étnico, sexo, religión y/o ideológico.

Las sanciones por los delitos de corrupción y falta a la fe públicas deben tener penas efectivas de cárcel, según la gravedad y alcances de los hechos. Las clases de éticas a los grandes empresarios condenados por delitos económicos, fueron una burla a la ciudadanía.

Es una demanda ciudadana que la igualdad ante la ley sea de verdad y no letra muerta. Se requiere un nuevo Poder Judicial, autónomo profesional con financiamiento adecuado que garantice su probidad, profesionalismo e imparcialidad. Con una carrera funcionaria con mecanismo efectivos que le permitan estar ajena a la influencia del gobierno de turno, grupos de influencia y/o poderes facticos. Con nombramiento de la alta judicatura en base a méritos, donde intervenga el parlamento como órgano de control democrático de éstos.

Por último en el ámbito del territorio donde habitamos, se siente la ausencia del estado. Tanto en el aspecto de la calidad de los servicios esenciales, como: Salud, educación, vivienda, conectividad digital. También en las escasas fuentes de trabajo productivas en provincia, se requiere que el estado, asuma el rol de empresario en zonas deprimidas como la nuestra. Se debe poner fin al estado subsidiario y pasar a un nuevo estado centrado en la solidaridad con las personas, las comunidades, las regiones y los pueblos que habitan nuestro país.

Coordinación Provincial de Usuarias y Usuarios Prais Arauco