Columna de opinión de Claudia Meza, académica de la UNAB, que cuestiona la propuesta de eliminar temporalmente el IVA a la vivienda y plantea la pregunta del titular.

ESCRIBE CLAUDIA:

La propuesta de eliminación transitoria del IVA a la vivienda abre una discusión necesaria sobre reactivación y acceso habitacional. El Estado puede renunciar a ingresos sin que las familias reciban una rebaja equivalente en el precio. Esto porque la medida podría estimular ventas, mejorar la liquidez de las inmobiliarias y favorecer nuevos proyectos. Son beneficios posibles y relevantes. Pero el acceso a la vivienda requiere, además, ahorro para el pie, ingresos suficientes y aprobación del crédito hipotecario.

Una vivienda más barata puede seguir siendo inalcanzable y es por eso que Hacienda debe explicar con cifras cuánto IVA se dejaría de recaudar durante la suspensión, qué supuestos sustentan ese cálculo y qué parte se espera recuperar mediante mayor actividad económica. La menor recaudación directa y una eventual compensación futura deben presentarse por separado.

Invocar la reactivación no basta para dar por financiada una rebaja tributaria.

También debemos preguntarnos cómo se distribuirá el beneficio. Si una parte importante queda en los márgenes de las empresas o favorece compras de inversión que igualmente se habrían realizado, el resultado habitacional podría ser limitado frente al esfuerzo fiscal.

Propongo tres exigencias para mejorar la medida:

- Publicar el costo fiscal estimado y el tratamiento de los créditos de IVA asociados a la construcción.

- Medir la rebaja efectiva de precios con información comparable, evitando confundir descuentos comerciales con el beneficio tributario.

- Evaluar una focalización hacia primera vivienda y publicar cuántos hogares adicionales acceden gracias a la medida.

Reactivar el sector merece atención. Utilizar recursos públicos para hacerlo exige resultados verificables.

Cada peso que el Estado deja de recaudar tiene un costo de oportunidad. La ciudadanía merece saber cuánto cuesta esta decisión y cuánto de ese esfuerzo llega efectivamente a las familias.

Hacienda debe poner ambas cifras sobre la mesa.

Claudia Meza – Académica Facultad de Economía y Negocios UNAB