Nuevos antecedentes se suman a lo publicado en el día de ayer por este medio, sobre la denuncia presentada contra Elizabeth Maricán Rivas, alcaldesa de la comuna de Arauco, por la asesora jurídica de ese mismo municipio, Ana Hormazábal Navarrete.

Recordemos al efecto que la señalada abogada ha denunciado a la Contraloría General de la República que, en el marco de un clima de maltrato hacia los profesionales y administrativos de la Municipalidad, y bajo amenazas de despido, la autoridad edilicia les ha exigido la entrega de sus remuneraciones para financiar su campaña de reelección para las votaciones del próximo 27 de octubre.

Adicionalmente, la acusación sostiene que la alcaldesa Maricán obliga al personal municipal a participar en actividades de despliegue fuera de los días y horas laborales, debiendo oficiar, entre otros, de vigilantes en eventos públicos, de recolectores de basura y de recogedores de escombros, a pesar de que ellos no tienen la calificación o capacitación necesaria, siendo profusamente fotografiados con fines promocionales.

Agrega la denunciante que la alcaldesa Maricán exige a los empleados municipales el cambio del domicilio electoral, y el de toda su familia, a la comuna de Arauco, también bajo amenaza de despido, y que ha armado el equipo de campaña electoral con los mismos funcionarios municipales, los que serían dedicados a la actividad política y no al servicio de los habitantes.

A lo anterior se sumaría la asignación de objetivos o proyectos con plazos inalcanzables, el ejercicio de acoso laboral a los funcionarios que son sindicados como “enemigos”, tratos arbitrarios o discriminatorios, difamación, ridiculización en público y, en general, el abuso de autoridad entre el personal utilizando el miedo como elemento de coacción. [descargar reclamo ante CGR]

NUIEVAS DENUNCIAS

Transcurridas algunas horas desde la publicación de esta primicia por Lanalhue Noticias, diversos funcionarios municipales hicieron llegar a esta redacción testimonios que refrendaban la acusación de la abogada Hormazábal, como el de Claudia Monsalves, quien declara que el 30 de septiembre de 2023, en Carampangue, y frente a unas 50 personas, la autoridad edilicia les solicitó la entrega del sueldo de un mes para financiar su campaña y que, además, pidió que entre los funcionarios municipales seleccionaran 20 personas para integrar el comando de campaña electoral. (ver declaración simple más abajo)

A su turno, la asistente social Mariana Iglesias declara haber sido víctima de tratos vejatorios por parte de la alcaldesa Maricán, que incluyeron el desalojo violento de oficinas, reproches a gritos a altas horas de la noche por haber tomado vacaciones y la exigencia de un mes de remuneración para financiar la campaña de reelección. Ante su negativa, primero fue sacada del grupo de WhatsApp de los profesionales de confianza y, posteriormente, su contrato no fue renovado, curiosamente quien le informa telefónicamente esta determinación es Ana Paola Hormazábal (denunciante de nuestra publicación de ayer) de quien no conocía su numero de celular y quien tampoco le da razones de tal determinación (ver imagen de más abajo). [Descargar Demanda acá…]

Tercer caso: ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Arauco se tramita la demanda por vulneración de derechos fundamentales de Patricia Molina contra la Municipalidad, quien alega que, como Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, fue víctima de acoso laboral por parte de la alcaldesa Maricán, la que le impedía formar equipos de trabajo en base a criterios de buen desempeño laboral, sino que solo en base a criterios de confianza política de la alcaldesa; que le hacía asumir con su propio dinero la contratación de buses para actividades de última hora; que le prohibía tomar vacaciones o días compensados, pues debía acompañarla en actividades de campaña a la reelección; que le prohibió cobrar horas extraordinarias por trabajos efectivamente realizados; y que obsesivamente le llamaba por las noches para plantearles sus sospechas sobre la lealtad de algunos funcionarios y de los familiares de los mismos.  

Agrega Patricia Molina que el día 30 de septiembre pasado, en Carampangue, la alcaldesa les exigió que le entregaran un mes de remuneraciones, pagaderos hasta en 4 cuotas, como aporte a su campaña de reelección. Y que dicho dinero debía depositarse en la cuenta de Margarita Sáez Medina, aunque luego cambió la instrucción, pues aparentemente dicha persona no podía justificar la tenencia de tanto dinero; seguidamente Molina indica que Maricán, les pide apoyar el “partido de Johana Pérez”.

Como consecuencia de todo lo anterior y otras más que detalla en la demanda, la salud de la directora Molina se resintió y su médico le extendió reposo absoluto por 11 días, pero la alcaldesa Maricán no sólo siguió formulándole requerimientos, sino que también se presentó en su casa para reprocharle la licencia médica y amenazarla con la pérdida del cargo. [Descargar demanda acá…]