Un desempeño aceptable tuvieron los municipios de la provincia, las comunas de Arauco, Cañete y Curanilahue obtuvieron sobre el 90%; Los Álamos y Tirúa, sobre el 80%; Lebu y Contulmo, sobre el 70%.

Talcahuano fue la única municipalidad del Biobío que alcanzó el 100% de cumplimiento en la fiscalización municipal de transparencia activa 2026 del Consejo para la Transparencia (CPLT). El promedio de las 33 municipalidades de la región llegó a 88,7%, ligeramente por encima del promedio nacional de 88,5%, que fue el más alto registrado desde que se empezó a medir en 2012.

La revisión se desarrolló entre abril y julio de 2026 y evaluó si la información que las 345 municipalidades tienen que publicar por exigencia de la Ley de Transparencia está disponible, actualizada y completa. Obtener 100% significa que no se detectaron incumplimientos en las obligaciones evaluadas.

Los cinco mejores resultados correspondieron a Talcahuano, con 100%; Negrete y Quilaco, ambos con 99,29%; San Pedro de la Paz, con 99,14%; y Santa Juana, con 97,96%.

Los cinco más bajos fueron Quilleco, con 64,25%; Santa Bárbara, con 65,77%; Nacimiento, con 69,46%; Lota, con 69,77%; y Concepción, con 73,58%.

En la región, veintiún municipalidades obtuvieron resultados iguales o superiores al 90%, cinco entre 80% y 90%, mientras que siete quedaron bajo el 80%. Destacan los casos de mejora de Antuco y Alto Biobío, incluidos entre los municipios respecto de los cuales se dispuso iniciar investigaciones sumarias por sus bajos resultados tras la fiscalización de 2025. Antuco pasó de 47,5% en 2025 a 86,4% este año, una mejora de 38,9 puntos porcentuales, y Alto Biobío, de 58% en 2025 a 85% en 2026, un aumento de 27 puntos.

“Talcahuano muestra que cumplir al 100% es posible. Esa debe ser la meta de los 32 municipios restantes de la Región del Biobío. Antuco y Alto Biobío evidencian que es viable dar saltos importantes en los niveles de cumplimiento con convicción institucional”, señaló la presidenta del CPLT, María Jaraquemada.

Agregó que: “La ciudadanía debe poder conocer plenamente qué se compra, cómo se gasta y cuánto se debe. Publicar esa información es una obligación legal, no un favor a los vecinos. Por lo anterior, este Consejo seguirá usando sus facultades legales de fiscalización y eventual sanción a las municipalidades con mayores brechas, previa instrucción de las investigaciones sumarias que correspondan”.

Aunque el promedio nacional de las municipalidades aumentó 6,7 puntos respecto de 2025, persisten las mayores brechas de acceso a información que permite seguir el uso del dinero municipal. La publicación de antecedentes presupuestarios obtuvo un 74% (dentro de esta materia, el ítem de deudas de corporaciones municipales alcanzó tan solo un 46,5%) y de compras y contrataciones un 76,9%, siendo las materias con mayor cantidad de información ausente, desactualizada o incompleta.

El CPLT fiscaliza el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantiza el acceso a información pública. Los responsables de incumplir injustificadamente las obligaciones de publicación se exponen, previa investigación sumaria, a multas de entre el 20% y el 50% de su remuneración mensual.

Informe Fiscalización Nacional:  revisa todas las comunas aquí