La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, organización que agrupa hombres y mujeres de mar de todo Chile, manifiesta su más profundo rechazo y alerta pública ante las recientes declaraciones del Subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, en las que reconoce haber prestado servicios a SONAPESCA y adopta una postura de "brazos cruzados" frente a las demandas de la industria contra el Estado chileno.

Un conflicto de interés que inhabilita la gestión

Para los dirigentes de la Alianza, el reconocimiento de Urrutia sobre su trabajo previo redactando informes para la mayor organización de pesqueras industriales del país no es un dato menor, sino una confirmación de la falta de imparcialidad en la gestión de los recursos de todos los chilenos.

Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza, fue tajante:

"Es inaceptable que quien debe velar por el interés público reconozca haber sido empleado de quienes hoy pretenden desmantelar los avances logrados. No es coincidencia que el Subsecretario utilice términos como 'certeza jurídica' o hable de leyes 'refundacionales'. Es el mismo guión que la industria pesquera ha intentado imponer para proteger sus privilegios obtenidos gracias a la corrupción".

La renuncia a la defensa del Estado

La Alianza califica como "grave y preocupante" la decisión de la autoridad de no intervenir ante las demandas que la industria ha interpuesto contra el fisco por el fraccionamiento pesquero. Al delegar esta responsabilidad exclusivamente en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Subsecretaría de Pesca renuncia a su rol político y técnico en la protección de una ley que es plenamente vigente desde 2026 y que corrigió las injusticias de la Ley Longueira.

Pascual Aguilera, presidente de Coranor, señaló:

"El Subsecretario dice que no tiene injerencia, pero lo que realmente está haciendo es pavimentar el camino para que la industria logre indemnizaciones por recursos que nunca les pertenecieron. Hablar de 'expropiación' sobre recursos soberanos del Estado es un insulto a los miles de pescadores que por décadas hemos sido postergados".

Omisiones sobre la Plataforma Social

Respecto a la plataforma social para el sector, la Alianza denunció una "omisión malintencionada" por parte de Urrutia. Mientras la autoridad condiciona su implementación a un financiamiento inexistente, oculta que el proyecto actual sí contempla fondos provenientes de las licitaciones de cuotas industriales.

Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, enfatizó:

"El Subsecretario miente u omite información clave para favorecer a sus antiguos empleadores. El financiamiento para las mujeres y hombres de mar está en las licitaciones industriales, ese mismo modelo que ellos tanto critican porque les quita el control total del mar. No permitiremos que se use la protección social como moneda de cambio para devolverle el mar a la industria".

La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal se declara en estado de alerta y exige al Gobierno una clarificación inmediata sobre la reposición de la Nueva Ley de Pesca en el Congreso o la necesidad de contar con una autoridad que ya que la actual parece actuar más como un lobbista industrial que como un servidor público. No permitiremos que se vuelva a hacer un "traje a la medida".