El Consejo para la Transparencia dio a conocer un informe inédito que, por primera vez, levanta una radiografía nacional sobre cómo las instituciones públicas organizan internamente sus equipos de transparencia, quiénes están a cargo de responder solicitudes de información y publicar los antecedentes que corresponden y qué condiciones reales tienen para cumplir la Ley N°20.285 (Ley de Transparencia).
El estudio, denominado “Censo de Funcionamiento de los Sistemas de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia”, se basa en una encuesta que fue aplicada el 2025 a 1.110 instituciones públicas obligadas por la Ley de Transparencia y registró 955 respuestas válidas, equivalente a una tasa de respuesta de 85,9%.
Uno de los principales hallazgos es que, aunque la transparencia está instalada en gran parte del Estado, muchas veces funciona con equipos mínimos. A nivel general, 34,1% de los organismos declara que estas tareas recaen en una sola persona y 29,3% en dos personas. Es decir, cerca de dos tercios de las instituciones concentran la gestión de transparencia en equipos de una o dos personas.
La presidenta del CPLT, Natalia González, afirmó que “este informe es inédito porque permite mirar por dentro cómo está funcionando la transparencia en el Estado. No basta con que existan obligaciones legales: se necesitan equipos y capacidades reales para responder adecuadamente a la ciudadanía. Es justamente por ello, que este Consejo concentra sus esfuerzos en capacitar a los encargados de transparencia de las distintas reparticiones públicas, de forma constante y a lo largo de todo el país”.
Si el análisis se desagrega por tipo de organismo, se detectan diferencias relevantes entre ellos. Por ejemplo, en las municipalidades, 44,3% declara que estas labores recaen en una sola persona; en las corporaciones municipales, la cifra sube a 45,3%; y en las asociaciones de municipalidades llega a 65,7%.
No obstante lo anterior, el estudio muestra que existe una instalación formal importante: 86,9% de los organismos declara contar con al menos una persona designada ante el CPLT para gestionar sus obligaciones de transparencia y 93,5% señala tener una unidad, dependencia o persona encargada de transparencia activa y acceso a la información. Sin embargo, 33,7% no dispone de un acto administrativo que formalice funciones y responsabilidades, lo que evidencia que en una proporción relevante de instituciones estas tareas aún dependen de arreglos internos poco institucionalizados.
El segundo dato clave es que 79,4% de las personas responsables de transparencia designadas ante el CPLT no tienen dedicación exclusiva, por lo que cumplen esta función junto con otras tareas institucionales. En cuanto a la dedicación horaria, 57,1% dedica solo entre 1 y 10 horas semanales a labores de transparencia activa y acceso a la información, un 12,1% entre 11 y 20 horas semanales, un 9.6% entre 21 y 30 horas semanales, y solo un 21,2% más de 30 horas semanales.
Al desagregar la dedicación horaria por tipo de organismo, los promedios más altos están en ministerios, subsecretarías y seremis, con 21,3 horas semanales, y en municipalidades, con 20,9 horas. En el otro extremo, las empresas públicas que registran 1,7 horas semanales, y las asociaciones de municipalidades 5,2 horas.
González agregó que “La forma en que cada repartición gestiona el cumplimiento de la ley de transparencia es un asunto de competencia de cada uno de los jefes de servicio, quienes deben asignar el personal y el presupuesto correspondiente. Dicho eso, el cumplimiento de la ley de transparencia no es opcional, de manera que cada una de estas autoridades es responsable de gestionar adecuadamente esta materia para no caer en infracciones por incumplimientos a las obligaciones de transparencia activa y al deber de responder, en tiempo y forma, a las solicitudes de acceso a la información pública. No olvidemos que la ciudadanía espera respuestas oportunas, completas y claras y que, si ello no ocurre, el CPLT puede aplicar las sanciones establecidas en la ley”.
El CPLT sostuvo que este censo entrega una línea de base para orientar acciones de capacitación, acompañamiento y fiscalización, además de aportar antecedentes para el debate sobre la modernización de la Ley de Transparencia. El organismo enfatizó que garantizar el acceso a la información pública no depende solo de normas, sino también de equipos suficientes, funciones claras y dedicación para responder a las personas.
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