Con un amplio respaldo nacional e internacional, y emplazamiento al gobierno de Canadá, cerró la campaña de solidaridad con Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, defensoras/es ambientales de Penco, quienes están siendo objeto de hostigamiento y persecución judicial por parte de la minera ACLARA.

Así, denunciando este intento de deslegitimación a la protesta ambiental en Chile, por parte de la minera de origen canadiense, se reunió 327 firmas en total, entre las cuales se destaca el apoyo de organizaciones internacionales, como The Gaia Foundation, Yes to Life, No to Mining global solidity network, Canadian Network on Corporate Accountability, y MiningWatch Canada, siendo esta última la convocante para las adhesiones en el norte global.

'Exigimos al gobierno canadiense a través de su embajada en Santiago, implementar «Voces en Riesgo: Directrices de Canadá sobre el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos», y manifestarse públicamente en apoyo con las defensoras ambientales de Penco y su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos, sus territorios y las fuentes de agua', expresaron su la declaración, las organizaciones firmantes de ese país.

Vale indicar, que las Directrices de Canadá para apoyar a los defensores de los derechos humanos, a las cuales se hace referencia en la declaración, establecieron un marco de acción que debe ser implementado por funcionarios gubernamentales, especialmente por el personal de asuntos exteriores y las misiones diplomáticas en el extranjero. Este documento subraya que los jefes de misión son responsables de promover los derechos humanos, lo que incluye el respaldo activo a quienes los defienden. Para ello, las embajadas canadienses pueden adoptar diversas medidas, como el mapeo y monitoreo de la situación de los defensores, establecer relaciones directas y constantes con ellos, visibilizar su trabajo, reconocer sus esfuerzos mediante premios, fortalecer sus capacidades, apoyar redes de solidaridad, dialogar con autoridades locales, colaborar con actores internacionales, acompañarlos en procesos judiciales, hacer declaraciones públicas, brindar asistencia de emergencia y promover una conducta empresarial respetuosa de los derechos humanos.

FUENTE: EQUIPO OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales