Durante una actividad de la compañía y la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, el presidente de CMPC se refirió a la muerte de Segundo Catril. Ahí habló sobre la deuda de la seguridad pública que tiene el Estado con las personas, las conversaciones que han tenido con el actual Gobierno y las responsabilidades del asesinato ocurrido ayer.

Este miércoles en el marco de la firma de una alianza entre la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes y CMPC, que busca facilitar el proceso de inclusión de las personas migrantes, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, se refirió a la muerte del trabajador mapuche Segundo Catril, quien recibió un disparo en la cabeza por parte de encapuchados ayer martes. Gazitúa señaló que Catril “era un trabajador mapuche chileno que había decidido junto a sus comunidades la reivindicación legítima que ellos tienen por la vía pacífica. Él era trabajador de una empresa de origen mapuche formada por las propias comunidades que ayer iba a trabajar en el lago Lleu Lleu en labores de reforestación con plantas nativas porque ellos creen en el cuidado de las aguas de ese lago”.

El presidente de CMPC agregó que “lo que vive la provincia de Arauco desde hace mucho tiempo es una tragedia, no es una pena. Como empresa estamos muy tristes y afectados por lo ocurrido. El Gobierno nos ha pedido hace algunas semanas dialogar sobre tierras y como lo hemos dicho y como siempre hemos estado, seguimos dispuestos, pero la urgencia hoy en Chile está en la seguridad de las personas, ahí debe estar puesto el énfasis. Lo ocurrido ayer es de la mayor gravedad para nuestro país”.

Durante la actividad, Gazitúa también indicó que “no hay un conflicto aquí entre el mundo mapuche y una industria en particular. Lo que hay es un conjunto de delincuentes que, usando las reivindicaciones del mundo mapuche, ejercen el terror y la violencia e incluso, en contra de los propios mapuches. La persona que murió ayer era mapuche”.

El presidente de CMPC también recalcó la importancia del rol que debe ejercer el Gobierno ante este tipo de situaciones. “El Estado de Chile desde hace mucho tiempo tiene una deuda gigantesca con la seguridad de los que vivimos en este país. El Estado tiene, se lo entrega la Constitución y las leyes, todas las herramientas para ejercer la seguridad. Esta es una tragedia más producto de la inacción o del actuar negligente del Estado”. “Segundo Catril y sus compañeros de trabajo circulaban por un camino como los muchos que transitamos el resto de los habitantes del país, la que conduce de Lumaco y Tirúa. Una vía pavimentada que uno supone tiene que estar bajo normas de seguridad”, agregó.