La comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía dirigida por el senador progresista analizará las facultades y fiscalizaciones a las que se somete la institución desde el poder civil, en medio de un mes cargado de movilizaciones.

Junto con el retorno de marzo y el año legislativo, las protestas por la crisis que vive el país desde el 18 de octubre pasado vuelven a reaparecer, lo que trajo consigo nuevamente en torno al actuar de Carabineros para controlar el orden público y permitir el derecho a la manifestación pacífica.

En ese contexto, la comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía del Senado, analizará esta jornada la autonomía que dispone Carabineros. Para el presidente de la instancia, el senador Alejandro Navarro el objetivo de la sesión de este miércoles “busca ser un aporte al debate en torno a la reforma profunda a Carabineros que el nuevo Chile necesita”.

“En estos 5 meses hemos visto imágenes desgarradoras de vulneraciones a los derechos humanos que se relacionan con hechos de violencia, tortura y abuso cometidos parte funcionarios de Carabineros. Desde todos los sectores debemos contribuir a buscar consensos para un cambio radical postergado desde el retorno a la democracia”, agregó el legislador.

Para el líder del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), “la autonomía de Carabineros tal como lo conocemos hoy debe quedar atrás, para dar paso a un debate con perspectiva de DD.HH sobre el funcionamiento de las policías en tiempos de democracia, donde el respeto de los derechos civiles de las personas y la prevención y persecución del delito deben ser los ejes centrales de su labor”.

La comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía recibirá al abogado Pablo Contreras, doctor y profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Chile, quien en enero de este año publicó junto a otros dos abogados una columna titulada “Carabineros: una institución que (legalmente) se manda sola”, donde cuestionan la autonomía de la institución.

“Chile hoy reclama una policía sometida a un régimen democrático, en base al control político-civil y la efectiva rendición de cuentas ciudadana, por lo que dicha estructura -en función de las comentadas dimensiones- debe ser reformada en forma urgente y bajo estándares de mayor rigurosidad”, señalaba el texto.