Leí con preocupación una reciente columna de opinión publicada en El Mercurio que, apoyándose en argumentos provenientes de la genética y los cientistas sociales evolucionarios, concluía que las ideas progresistas orientadas a reducir desigualdades serían contrarias al progreso.

No es la primera vez que se intenta explicar la política a partir de la biología. Tampoco es la primera vez que se presenta una determinada organización social como consecuencia inevitable de nuestra naturaleza.

La historia demuestra que ese camino es peligroso.

Desde Darwin hasta las investigaciones contemporáneas en neurociencias y biología evolutiva, la evidencia muestra que la cooperación ha sido una ventaja adaptativa fundamental para nuestra especie. La confianza, la empatía, la solidaridad y la capacidad de actuar colectivamente explican buena parte de nuestro éxito evolutivo. La supervivencia y el progreso humano no se entienden sin ellas.

Sin embargo, periódicamente reaparece la tentación de utilizar argumentos biológicos para justificar determinadas posiciones políticas. La lógica parece sencilla: si una conducta tiene una base genética, entonces sería natural, inevitable y legítima.

Pero que algo exista en nuestra naturaleza no significa que deba transformarse en una regla para organizar la sociedad. Los seres humanos también somos capaces de la violencia, la agresión, el egoísmo y la dominación. Nadie propondría convertir esas conductas en principios políticos por el simple hecho de que existen.

La civilización avanza precisamente cuando somos capaces de construir instituciones, leyes y acuerdos que nos permiten vivir mejor que aquello que dictan nuestros impulsos más básicos. La democracia, los derechos humanos, la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho son expresiones de ese esfuerzo colectivo.

La filósofa Hannah Arendt advirtió que uno de los rasgos característicos de los totalitarismos consiste en convertir las supuestas leyes de la naturaleza en leyes de la política. Cuando una característica biológica pasa a definir quién tiene más derechos, quién merece más oportunidades o qué proyecto político es legítimo, dejamos el terreno de la democracia para entrar en el de las ideologías que pretenden gobernar en nombre de una verdad superior.

La historia está llena de tragedias construidas sobre esa lógica. El colonialismo europeo se justificó apelando a supuestas diferencias raciales. Los movimientos supremacistas blancos continúan afirmando la superioridad genética de unas personas sobre otras. El nazismo llevó esta lógica hasta sus últimas consecuencias al convertir una ficción biológica en política de Estado, provocando uno de los mayores genocidios de la historia.

Por supuesto, nadie sostiene hoy semejantes barbaridades. Pero las ideas no reaparecen siempre con los mismos rostros ni con las mismas palabras. Comienzan instalando supuestos aparentemente razonables: que ciertas desigualdades son naturales, inevitables o incluso beneficiosas.

Las diferencias entre progresistas, liberales, conservadores o socialdemócratas deben discutirse en el terreno de las ideas, los valores, la evidencia y los resultados. No en el ADN.

La democracia descansa precisamente en la convicción de que ninguna persona, grupo social o corriente política posee una superioridad biológica que le otorgue más derechos que a los demás. Olvidar esa lección es caer, una vez más, en la vieja trampa de la genética.