En pocos días, los habitantes de nuestro país empezarán a notar con más fuerza algo que se venía gestando lejos de nuestras costas.

La guerra en Medio Oriente hizo disparar el precio internacional del petróleo, y Chile, que importa el 100% de las gasolinas y el diésel que consume, ya no puede seguir amortiguando ese golpe como antes. El Gobierno decidió ajustar el MEPCO, el mecanismo que desde 2014 actúa como “parachoques” del precio de los combustibles, de modo que las bencinas y el diésel converjan más rápido a lo que vale hoy el petróleo afuera, con alzas proyectadas del orden de $370 por litro en gasolina de 93 y $580 por litro en diésel.

Detrás de esa decisión hay una billetera fiscal muy apretada. En pocas semanas el Estado ya ha gastado más de 200 millones de dólares en sostener el MEPCO y los cálculos internos muestran que tratar de absorber toda el alza podría costar hasta 4.000 millones de dólares, algo simplemente insostenible.

En simple, el MEPCO funciona ajustando el impuesto específico de los combustibles para que las subidas bruscas del petróleo no se traduzcan de una sola vez en el precio que paga el consumidor. Cuando el petróleo se dispara, el Estado baja el impuesto y subsidia parte de la cuenta; cuando el petróleo baja, el impuesto sube y el fisco recupera lo que puso.

El ajuste de marzo cambia la manera en que se calcula ese “precio de referencia”, haciendo que refleje más rápido los vaivenes del mercado internacional, lo que alivia el costo para las arcas públicas, pero también significa que las familias y las empresas verán las alzas con menos “anestesia”. Para un hogar que llena un estanque de 50 litros un par de veces al mes, eso puede traducirse en decenas de miles de pesos adicionales en su presupuesto, y para una pyme, que depende de su camioneta o camión, en un costo fijo que se encarece justo cuando la economía aún no termina de recuperarse.

El impacto se distribuye en todo el territorio. Si tomamos como ejemplo la Región del Biobío, ese golpe tiene una cara muy concreta. El diésel es el corazón del transporte de carga, de la actividad forestal, de la pesca, de la agricultura y de buena parte del parque de buses y colectivos que conectan comunas como Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Los Ángeles o Coronel. Un combustible más caro significa viajes más caros, logística más cara y, en poco tiempo, productos más caros, desde el pan de la mañana hasta las frutas y verduras de la feria.

Esa cadena se siente tanto en la balanza de las empresas exportadoras, que ven subir sus costos de transporte, como en el bolsillo de las familias que ya vienen ajustadas por el costo de la vida. Mientras el barril de petróleo pasó en tres semanas de 70 a 110 dólares, al interior de las casas la pregunta se vuelve muy cotidiana y es ¿hasta dónde alcanzará el sueldo si sube la bencina, sube el diésel y, con ellos, casi todo lo demás?

Para que este ajuste no se traduzca en un desamparo total, el Ejecutivo activó un conjunto de medidas de contención. Entre ellas, el congelamiento de las tarifas del transporte público del sistema Red en Santiago hasta fines de 2026 y el compromiso de destinar recursos para contener el alza del transporte público en regiones, la baja del precio de la parafina a niveles de febrero de 2026 y su congelamiento durante el otoño e invierno, clave para los hogares que dependen de ese combustible para calefacción.

Además, una subvención mensual para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia y nuevas líneas de financiamiento de BancoEstado para que el transporte menor pueda renovar flota y avanzar hacia la electromovilidad. Son medidas que no eliminan el impacto del alza internacional, pero buscan que el ajuste no recaiga completamente sobre quienes viven, trabajan y mueven la economía en las distintas regiones, que sienten cada peso extra en la bencinera y cada peso de más en la feria del barrio.

POR: Marcelo Gutiérrez Delgado / Académico Facultad de Economía y Negocios / UNAB